Las comunidades indígenas chinantecas Paso Canoa y Santa Ursula, perteneciente al municipio de Tuxtepec, interpusieron una denuncia en la oficina interna de la Corporación por la Inversión Privada en el Exterior (OPIC, por sus siglas en inglés), una agencia del gobierno de los Estados Unidos, por financiar el Proyecto Hidroeléctrico Cerro de Oro en sus zonas fluviales sin ser consultadas.

La coordinadora del proyecto de Derechos Indígenas de Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Ana María García Arreola, dijo que la construcción del proyecto ha comenzado sin ser informados los pobladores locales, en su mayoría indígenas chinantecos, sobre los impactos del proyecto en la salud y el medio ambiente.

El desarrollo del proyecto ya tiene efectos perjudiciales porque el cemento se ha filtrado en el agua potable, las detonaciones de los explosivos han dañado casas y las prácticas de adquisición de tierras han afectado la cultura local, señaló.

Explicó que el Proyecto Hidroeléctrico Cerro de Oro consiste en la conversión de la Presa Cerro de Oro y la modificación de las vías fluviales locales para producir energía a las empresas privadas, la Corporación Mexicana de Hidroelectricidad (Comexhidro) y Electricidad del Oriente, con capital peruano.

Precisó que el proyecto está siendo ejecutado por la compañía estadunidense Conduit Capital Partners, con una inversión de 60 millones de dólares proporcionados por la OPIC en 2006, para desarrollar este y otros más en America Latina.

Destacó que el Proyecto Hidroeléctrico Cerro de Oro afectará los ríos y arroyos, las zonas de pesca y los medios de vida y cultura de las comunidades de indígenas chinantecas, asentadas cerca del vaso de la presa construida en la década de los años 80 con financiamiento del Banco Mundial.

Mencionó que la denuncia fue presentada por las comunidades indígenas chinantecas con la asistencia de Educa y el Centro de Análisis e Investigación Fundar, así como por las organizaciones estadunidenses Habitat International Coalition y Accountability Counsel, con la asesoría de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Berkeley Law School y Environmental Defender Law Center.

Observó que según Accountability Counsel, el Proyecto Hidroeléctrico Cerro del Oro constituye una clara violación de las propias políticas de OPIC sobre protección social y medio ambiente.

Pues, la compañía estadunidense Conduit Capital Partners ha mantenido a las comunidades en la ignorancia sobre el alcance del proyecto y sus impactos, y además ha usado la intimidación para silenciar su inconformidad, asentó.

Precisó dijo la demanda fue presentada en la oficina interna de la OPIC encargada de asuntos de rendición de cuentas por determinación del Congreso de los Estados Unido, recibir este tipo de querellas y garantizar su tratamiento de una manera justa y objetiva.

García Arreola dijo que las comunidades indígenas chinantecas esperan obtener asistencia de la oficina interna de la OPIC y se cumplan los procedimientos establecidos por estándares aplicables en medio ambiente, así como sus propias políticas.

Historia se hace agua

• La presa Cerro de Oro fue construida en la década de los 80
• El Banco Mundial financió la obra
• 26 mil indígenas chinantecos fueron desplazados
• Altero de manera drástica el medio ambiente local

por OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO