El apoderado legal de la Arquidiócesis de Antequera Oaxaca, Wilfrido Mayrén Peláez, deslindó a la Arquidiócesis del manejo de recursos de la casa hogar para ancianos San Lázaro de San Antonino Castillo Velasco, que dirigía el padre Alberto Ostiz, hoy señalado de lucrar con el asilo.

"Ninguno de nuestros organismos e instituciones hacemos esas cosas (solicitar dinero al gobierno) y cuando se hace, se hace en algún programa para restauración de templos, pero se ejerce directamente el gobierno federal y el estado, a través de sus organismos e instituciones que se encargan de ese tipo de obras", dijo.

Mayrén Peláez, también conocido como el padre Uvi, indicó que la Arquidiócesis no daría acompañamiento al proceso que pudiera iniciarse sobre los recursos porque "deslindamos a la arquidiócesis de cualquier responsabilidad".

"Es una obra personal del padre Alberto. Nosotros entregaremos un informe verás en lo que a nosotros respecta", declaró.

Hasta el momento, dijo, la arquidiócesis no ha recibido del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) ninguna solicitud de información respecto de la situación canóniga del padre Alberto Ostiz, aunque precisó que es uno de los sacerdotes con más años de servicio.

Señaló que en cuento llegue la solicitud, darán puntal respuesta sobre la situación canóniga y migratoria, pero no del manejo que el sacerdote de origen español dio a los donativos que entraron a la casa hogar para ancianos San Lázaro en virtud de que no es una obra de la iglesia.

Aseguró que nunca se le dio al padre Alberto el aval para solicitar fondos, recursos o apoyos del gobierno del estado o de cualquier otra persona.

Los apoyos que lleguen a recibir para el manejo de sus organizaciones, casas hogar o albergues, expuso, es responsabilidad de la persona que maneja el proyecto, no de la arquidiócesis.

"Es una responsabilidad personal tanto del que lo solicita como de las organizaciones o fundaciones que lo dan. Ellos deben tener sus mecanismos de evaluación y verificación de estas situaciones de tal forma que no se convierta en un tipo de extorsión o de fraude", declaró.

Manifestó que competerá al estado pedir cuentas y fiscalizar los recursos que destinaron para descubrir si fueron o no bien utilizados.

CITLALLI LÓPEZ/Foto: ALEJANDRO AQUINO