Tuxtla Gutiérrez, Chis.- Polvo de cal en sus pulmones, casas cuarteadas y una carretera casi destruida, es el progreso que han obtenido los habitantes del poblado Benito Juárez con la llegada de la empresa trituradora de piedras “Altamira”.

Comenzó hace 10 años. Gente pacífica que no gusta de meterse en problemas, los habitantes de esta colonia perteneciente al municipio de San Fernando no imaginaban que su vida cambiaría drásticamente, sin que hasta el momento ninguna autoridad haya hecho algo para respaldarlos.

Sexenios han ido y venido junto con los pendones de promesas políticas, pero en este lugar de no más de 3 mil habitantes, la única ley es la que dicta la propia empresa.

“Tiembla mucho, lo sintieran, las casas se mueven y se espanta uno, al principio hasta salíamos corriendo” dice José Vázquez Hernández, uno de los colonos que confían en que ahora sí les hagan caso.

“Ya hablamos con todas las autoridades, nos dicen que tenemos razón, que la van a cerrar, pero nunca llegan sólo nos sellan los documentos y ya.”

El polvo de cal se esparce con la calma impune de quien se sabe intocable. “Altamira” funciona todos los días sin cambio alguno, destruyendo el entorno y afectado la salud de estos pobladores, pues las instalaciones de la trituradora están a 300 metros de sus viviendas.

“Todo el tiempo estamos enfermos, cuando nos da tos dura semanas, si no son los ojos irritados, el caso es que todo el tiempo estamos respirando ese polvo.”

Gente de campo sin mayores pretensiones más que se les respete en su derecho de vivir en un ambiente saludable, a José Vázquez le acompañaron a la capital otros habitantes, tienen la esperanza de que el gobernador Juan Sabines Guerrero haga valer la ley.

“Juntamos nuestro dinero y venimos, ya no sabemos qué más hacer, a quién acudir porque durante todo este tiempo hemos visto como las autoridades no hacen nada contra la empresa.”

Por si fuera poco, “Altamira” no contrata a gente de este y otros lugares. Cuando vieron que la actitud de la gente comenzaba a cambiar, trataron de comprarlos con una obra de 50 mil pesos “pensaron que íbamos a ser tan tontos como para aceptarla, para ellos eso es lo que vale el pueblo, 50 mil pesos y cállense”.

Por ello advierte que será la última vez que por los cauces de la legalidad busquen una solución, “ya pensamos si esta vez nos dan largas, vamos a tomar la carretera, a impedir el paso a Chicoasén y entonces veremos si a las autoridades les conviene”.

MARCO ANTONIO ALVARADO

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