Al considerar el fallo de la Suprema Corte de Justicia como una vergüenza de la justicia federal mexicana, Felipe Edgardo Canseco Ruiz, abogado de Leticia Valdés, madre del niño abusado en el Instituto San Felipe, dijo que llevará el caso de la liberación de la maestra Magdalena García Soto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues si bien se dictaminó que no hubo elementos en la averiguación previa para consignarla, nunca se comprobó que no fuese culpable.

De igual forma informó que fue la manipulación que ejerciera Aida Gómez Piñón --entonces fiscal de delitos sexuales en el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz-- a la averiguación previa, lo que permitió que el fallo resultara de esta forma

En entrevista, Felipe Edgardo Canseco Ruiz, abogado de Leticia Valdés en el caso San Felipe, indicó que una vez agotado el caso en primer término ante instancias nacionales, acudirá a la CIDH para exigir que se haga justicia.

Enfatizó que ninguno de los ministros de la SCJN afirmó que Magdalena García fuera inocente, como consta en la versión estenográfica y televisiva, donde los propios ministros señalaron que no fue inocente, sino que el Ministerio Público no rindió las pruebas necesarias para que se comprobara su culpabilidad.

Indicó que la integración del expediente del delito corrió a cargo de Gómez Piñón, quien fue fiscal de delitos sexuales y manipulara la averiguación previa, lo cual provocó que la Comisión Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos (CNDH) emitiera la recomendación 4 - 2008 al gobierno de Ulises Ruiz, donde se señala las irregularidades que se cometieron en dicha integración, hecho que incluso provocara, en ese entonces, una marcha de manifestación en su contra.

Con ello se comprobó que a pesar de su destitución, en su papel ya había causado daño a la averiguación previa, además de que señaló que la defensa del Instituto San Felipe estaba a cargo de Jorge Franco Jiménez, padre del entonces secretario general de gobierno, Jorge Franco Vargas, alias "el Chuky", lo que comprueba que el estado actuó de forma parcial para proteger a los violadores.

Recordó a su vez que el amparo otorgado no beneficia a los acusados de pederastia, pues estos continúan con orden de aprensión, por lo que exigió que se ejecuten dichas órdenes para aprenderlos.

NO ACTÚAN SSP NI PGJE

Destacó que no existe constancia de que, tanto el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Marco Tulio López Escamilla, como el de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) Manuel López López, hayan hasta el momento ordenado una sola diligencia, por lo que lamentó que sigan siendo protegidos por la nueva administración estatal.

Expresó que durante el juicio, en varias ocasiones interrumpió el proceso para señalar que es una vergüenza el que los seis ministros que votaron por la concesión lisa y llana del amparo, hayan defendido a pedófilos y pederastas, por lo que los acusó de incurrir en tráfico de influencias.

Asimismo, calificó a los seis ministros que otorgaron la liberación como "el ala más conservadora", pues recordó que los ministros Juan Silva Meza, presidente de la SCJN, Arturo Saldívar y Olga Sánchez Cordero se proponían confirmar la condena.

Los maestros Salvador Pérez Ramírez y Hugo Constantino García, esposo de Yolanda León Ramírez, directora del Instituto San Felipe tienen orden de aprensión por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado con oficio de colaboración por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Interpol así como de las procuradurías de las 31 entidades del país. Sin embargo, hasta ahora continúan sin ser aprendidos.

LUIS PARRA MEIXUEIRO