Domingo, Abril 20, 2014 - 08:33

Razones

Los secuestradores de niños

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

Cuando decíamos que la educación de los niños estaba secuestrada en Oaxaca y en otros puntos del país, no imaginábamos hasta qué punto eso se podía convertir en una realidad ajena a cualquier metáfora. Los dos niños estaban secuestrados desde el 14 de enero pasado, cuando fueron capturados por los delincuentes con lujo en violencia en la ciudad de Oaxaca. Desde entonces se sabía que era un secuestro de alto impacto, realizado por profesionales. Pasaron cuatro meses hasta que las investigaciones de las autoridades federales dieron como resultado la detención de doce personas, cuatro de ellas dirigentes locales de la sección 22 del magisterio, integrantes de la CNTE. Una de esos cuatro detenidos, era, además, candidata a presidente municipal, impulsada por el magisterio, para la coalición PRD, PT, PAN (esas coaliciones que sólo se pueden dar en Oaxaca). Dos de los detenidos son, colocados también por la sección 22, funcionarios del Instituto de Educación Pública del estado y pertenecen al grupo político llamado Frente Unico de Lucha (FUL).

El hecho de que funcionarios, maestros, candidatos, hayan sido detenidos por el secuestro de dos niños es de por sí terrible y de llamar la atención, pero mucho más lo es la defensa de la sección 22 de esos criminales. Los secuestradores (los doce) fueron detenidos en el fin de semana cuando se logró también liberar a los niños. El domingo en la tarde, antes del anuncio oficial, ya la dirigencia de la sección 22 había organizado una marcha en la ciudad de Oaxaca exigiendo la liberación de los detenidos. En el Zócalo de la ciudad de México, donde hay un campamento de la CNTE, también se realizó una manifestación con el mismo objetivo. Una hora más tarde los detenidos fueron presentados como los presuntos secuestradores de los sobrinos del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani.

Pero ni la presentación de los detenidos, ni el delito del que son acusados, ni la pruebas que se han presentado, han interrumpido la demanda para su liberación. El secretario de Organización de la Sección 22, Francisco Villalobos, apoyado por la comisión política de ese grupo sindical, salió en defensa de los integrantes de esta banda, que fueron identificados como el secretario particular del departamento de Educación Primaria del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Mario Olivera Osorio, y como Lauro Atilano Grijalbo Villalobos, que también son profesores, así como de la precandidata por Jalapa del Márquez, Sara Altamirano Ramos, y Damián Gallardo Martínez. Para la dirigencia de la sección 22 lo que se busca con la detención de estos personajes es la "criminalización de la protesta social".

Es una suma de barbaridades pero demuestra claramente la calaña de este tipo de dirigentes, pero también permite suponer cuáles son sus verdaderos apoyos y objetivos políticos. ¿Qué tiene que ver la "criminalización de la protesta social" con el secuestro durante cuatro meses de unos niños (y con la participación de la misma banda en otros secuestros que terminaron, algunos de ellos, con el asesinato de la víctima)?¿qué tipo de "protesta social" puede basarse en actos tan abyectos?. Lo que sucede es que dentro de la sección 22 y en varios de los grupos políticos que coexisten en su entorno y en el FUL, participan distintos grupos armados que han hecho de la práctica del secuestro una actividad común para aprovisionarse de recursos (algunos para financiar su actividad, otros con un profundo deterioro ideológico y organizacional, para uso absolutamente personal). 

No es nada nuevo: a fines de los 80 y principios de los 90, se registró una larga ola de secuestros de empresarios muy destacados (Sekiguchi, Joaquín Vargas, Alfredo Harp Helú, Angel Lozada) en los que participó una fracción de lo que ahora se conoce como el EPR, junto con un grupo que había pertenecido al FMLN salvadoreño. Con el paso de los años hubo siempre secuestros, de menor perfil, pero que las autoridades consideran que han sido cometidos por grupos armados o sus derivados. Esa norma del bajo perfil se rompió con el secuestro de Diego Fernández de Cevallos que tendría, también, ejecutores con orígenes políticos. 

Hace unos años, el EPR difundió un comunicado en el que daba a entender que ya no realizaría ese tipo de acciones y cuando se dio el de Diego, también se deslindaron del mismo (no sabemos si mantiene públicamente esa postura). Pero esos grupos han tenido tantos desprendimientos y fisuras que cualquiera de ellos puede estar detrás de esas acciones.

La caída de estos dirigentes de la sección 22 y del Frente Unico de Lucha (una suerte de APPO versión 2013) es una confirmación de esas tendencias, pero lo que resulta más significativo es que esas mismas organizaciones (la CNTE y el FUL) en lugar de deslindarse de los hechos salgan en pública defensa de los presuntos secuestradores. No tienen vergüenza.